En principio, el prestar algún tipo de atención al tema de la fiscalidad sobre las transacciones de capitales o divisas supone asomarse a un mundo nuevo y extraño para la mayoría de las personas no especialistas en tan particular asunto, que además tienden a considerarlo normalmente como ajeno por completo a lo que se supone pueda tener importancia real para sus preocupaciones diarias e intereses más tangibles. Sin embargo, como veremos a continuación, más valdría no seguir pensando demasiado tiempo así.

¿Cuál es el lugar que ocupamos las personas en la sociedad actual, cuáles son los fines y cuáles los medios?. La economía es una actividad de transformación del mundo para satisfacer necesidades humanas. Y marcharía, por tanto, sobre los pies si su fin fuera la satisfacción de lo que necesita el ser humano; pero, en cambio, anda de cabeza cuando la persona queda inerme, como ahora, a merced del determinismo económico.

La liberalización de los movimientos de capital ha reforzado este último proceso. Hemos venido observando que, progresivamente, la esfera financiera se ha ido autonomizando en el mundo y que las finanzas ya no son sólo contrapartidas de los intercambios reales en la economía.

Acabamos un siglo en el que, mientras los seres humanos podemos acercarnos entre todas las partes del planeta por los medios y tecnologías de la comunicación, la fractura entre los más ricos y todos los demás no ha cesado de ampliarse. Vivimos en un mundo donde las personas han perdido, cada vez más, la noción colectiva de "sentido" porque ya no se les propone algo en nombre de lo que poder vivir: Una sociedad forzada a consumos vertiginosos sin sentido, endeudada hasta el límite de sus fuerzas creativas, autocomplaciente y compasiva ante las imágenes mediáticas de la injusticia, es la única propuesta que se les ofrece a las nuevas generaciones de los países desarrollados.

Evidentemente, pues, consideramos que la esfera financiera es el punto central de nuestros problemas actuales (incluidos el paro o los "contratos basura" de las ETT...); y por ello es ahí precisamente donde queremos ser un aldabonazo en las conciencias.

Las cuestiones vinculadas a los movimientos transnacionales de capital, al control democrático de los mercados financieros, y a la posible imposición de tasas o impuestos sobre los mismos, han tomado una renovada importancia tras la crisis iniciada desde el Sudeste Asiático en julio de 1997. El contagio internacional de las tormentas monetarias durante ese año y el siguiente, desencadenado por la multiplicación acelerada de inversiones especulativas en el mercado global de capitales, ha suscitado la inquietud de numerosos economistas, políticos y ciudadanos informados, en general, de todo el mundo.

La inestabilidad financiera mundial afecta directa y gravemente a las condiciones de vida y trabajo de la población en las sociedades sometidas a prueba por las políticas generalizadas del neoliberalismo. La resistencia de muchos colectivos u organizaciones ciudadanas a ese paradigma fundamentalista de política económica ultraliberal se ha concentrado sucesivamente en combatir, y oponer alternativas, frente a problemas o asuntos diversos (planes de ajuste estructural, peso de los endeudamientos exteriores, aplicación de acuerdos comerciales multilaterales e intercambio desigual Norte/Sur, etc.).

El movimiento contra los efectos perversos de la globalización financiera, articulado en redes ciudadanas, ha tenido una especial incidencia e impacto mediático con el éxito de diversas manifestaciones, desde la de Seattle (Estados Unidos) en noviembre de 1999 hasta la de Praga en septiembre de 2000, donde -con ocasión de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- se concentraron miles de manifestantes para expresar de formas activas y extraordinariamente plurales su decidida oposición al desarrollo actual del capitalismo financiero, que agrava los problemas sociales de los países más pobres.

Será sólo gracias a una confluencia masiva de este tipo como podremos expresar capacidad de resistencia y alternativa frente a la presente "globalización neoliberal", que impone modelos organizativos para la colectividad de claro signo mercantilista regresivo o antisocial, y cambiar el curso de la mundialización -bajo hegemonía cultural de los Estados Unidos- que al mismo tiempo se nos está intentando imponer.

Desde el final de la convertibilidad del dólar en oro, decidida por Nixon en 1971, y la liberalización generalizada de los movimientos de capitales, el año 1974 en el Reino Unido y a partir del 1990 para el conjunto restante de la Unión Europea, el mundo vive en una amenaza permanente de inestabilidad financiera.

Se ha desarrollado una nueva economía financiera globalizada puramente especulativa, cada vez más disociada -o, en ocasiones, incluso directamente hostil- de las necesidades cotidianas de la mayoría del planeta, y en todo caso muy alejada de las economías reales. El objetivo desbocado de la consecución de rentabilidad a corto plazo provoca crisis de sobreproducción en unos sectores (electrónica, industria del automóvil e informática) y penurias en otros (alimentación, vivienda o educación), así como caídas de la productividad en muchos casos (cereales básicos, etc.).

La reestructuración global de las instituciones y de los mercados financieros ha acelerado la concentración de enormes riquezas privadas, frecuentemente fruto de transacciones especulativas. Lo cual acentúa, aún más, la sistemática acumulación producida por parte del poder financiero a través de otras vías -como las privatizaciones, la deuda externa o la evasión fiscal y las economías mafiosas- que transfieren bajo su gestión los recursos del ahorro individual y colectivo. El "club de los kilomillonarios" del planeta, esto es, de los potentados con un patrimonio individual de más de mil millones de dólares, cuenta ya con 450 miembros (Anuario "La economía mundial en 1999" del CEPII) y posee una fortuna muy superior al Producto Nacional Bruto acumulado por los países pobres, en los cuales vive el 56% de la humanidad.

A la vez, los ingresos de la masa de productores de bienes y servicios -es decir, los niveles de vida para la mayor parte de los asalariados- continúan descendiendo, los programas colectivos de salud o educación son revisados a la baja y la desigualdad sigue creciendo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el desempleo y el esclavismo -u otras formas inhumanas de explotación laboral- afectan a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, o sea, alrededor de un tercio de la población activa. Y, de acuerdo con los datos del último "Grupo de Acción Financiera Internacional" reunido en Madrid por la OCDE, "el lavado de dinero negro con origen criminal (tráfico de armas o drogas, terrorismo, trata de inmigrantes y demás extorsiones) para el conjunto del planeta, en torno al billón de dólares anual, supera el PIB de España".

En el Informe sobre "Desarrollo mundial 2000/1. Lucha contra la pobreza", del Banco Mundial, se constataba recientemente el hecho de que los ingresos medios per cápita "en los veinte países más ricos son ahora treinta y siete veces mayores que para los veinte más pobres... y -lo que resulta más alarmante- que esta brecha se ha duplicado en los últimos cuarenta años".

Es sabido que la potencia económica y social de los mercados de capital ha aumentado tras estos últimos 20 años de desreglamentación y de reestructuraciones capitalistas. Los propios neoliberales admiten que la buena marcha de las Bolsas estuvo alimentada por una distribución del valor añadido favorable a las rentas del capital respecto de las del trabajo. Y en todas partes la disminución de los impuestos sobre aquél ha ido acompañada por el reforzamiento de otros -más regresivos- sobre el consumo. La presión fiscal discriminatoria sobre los asalariados se presenta como un fenómeno mundial inevitable, al que habría que someterse bajo amenaza de desaparecer.

Se ha calculado que actualmente están moviéndose en el mundo más de un billón y medio de dólares al día, mediante transferencias en los mercados de cambio de divisas, en su mayor parte con el único propósito de lograr ganancias por la especulación con las diferencias de cotización. Estas cifras ponen de relieve la importancia de establecer límites que nos permitan recuperar -para la sociedad- algo del enorme poder financiero concentrado en un reducido número de operadores internacionales.

La magnitud de las transacciones financieras especulativas se ha transformado en auténtico cáncer del tejido social de nuestro tiempo. Favorecidas por la tecnología y la globalización, sustraen recursos a la inversión productiva y no se hallan sujetas a casi ningún control. Su negativa influencia en los sistemas económicos se pone de manifiesto con el incremento general de la pobreza y del desempleo, así como por una mengua creciente durante la última década de las ayudas al Tercer Mundo.

Los operadores que invierten en los mercados financieros -esencialmente Fondos de Cobertura (hedge funds), de Mutualidades y de Pensiones- han adquirido una enorme potencia económica en el ámbito internacional, hasta el punto de poder decirse que las principales transacciones de las multinacionales se realizan entre ellos, pues no sólo poseen gran cantidad de activos financieros en las mayores sociedades productivas del planeta sino que tienen la posibilidad de disponer adicionalmente de cuantiosos capitales ajenos, prestados con la promesa de fuertes beneficios futuros. Además, como la mayor parte de las veces los actuales mercados operan "a plazo", consiguen poner en juego crecientes sumas de dinero -que no les pertenecen- para comprar y vender en función de los pequeños cambios producidos en las cotizaciones.

Esta suerte de economía virtual puede acabar forzando la subida artificial del precio para los títulos cotizados en los mercados de valores, con total desconexión de lo que ocurra en la economía real. Así nace el fenómeno de la denominada "burbuja financiera", que no es otra cosa que crecimiento desorbitado de capital ficticio, esto es, desligado por completo del incremento de la riqueza material.

El riesgo de un crash -o hundimiento financiero- en un país sometido desde el exterior a ese proceso va aumentando conforme crece la "burbuja" y cuando al fin ésta termina desinflándose, pinchada por la presión de especuladores, lo que ocurre es que se desploman bruscamente las cotizaciones. Aunque ello no tendría por qué representar en principio ninguna ruina, la estampida de capitales foráneos y el desfondamiento de la moneda nacional que lleva aparejados el súbito proceso llegan a provocar un verdadero empobrecimiento de muchos poseedores locales del capital, que deciden cerrar industrias y comercios en los que habían invertido, despidiendo en masa. Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Tailandia durante 1997; y, luego (como en el conocido efecto de las fichas del dominó), la devaluación de su moneda arrastró la caída de las de Malasia y Corea.

Para comprender la dimensión de esos movimientos financieros, cifrados (como mínimo) en los 1,5 billones de dólares que cada día van y vienen de una a otra parte del mundo, basta con tener en cuenta que el PIB español no excede de unos 0,6 billones de dólares anuales; que las exportaciones mundiales, incluidos todos los productos, alcanzan sólo 5 billones de dólares al año; que las reservas de cambio del G-7 (los siete países más industrializados y ricos) no llegan más que hasta 0,5 billones de dólares; y que las reservas de divisas en todos los Bancos Centrales nacionales del planeta se elevan a menos de 1,3 billones de dólares. Esta última cantidad demuestra que los especuladores institucionales detentan un poder muy superior al de los agentes emisores de los Estados, incapaces ya de luchar -ni individual ni colectivamente- contra la especulación.

Solamente una fracción ínfima de los movimientos de divisas -estimada entre el 3% y el 8%- tiene como objetivo cerrar acuerdos comerciales internacionales o canalizar transferencias de capitales destinadas a las inversiones productivas. Un 80% de las operaciones de compraventa corresponden a "idas y vueltas" de duración inferior a una semana laborable, pero muchas de ellas se realizan incluso en plazos aún más cortos.

Desde hace diez años, se ha producido una concentración masiva del poder financiero. El "especulador institucional" ha surgido como un poderoso actor, capaz de imponerse sobre los intereses ligados a una actividad productiva. Gracias a diversos instrumentos, estos nuevos inversores financieros especulativos pueden apropiarse de una parte de la riqueza generada por los productores de bienes y servicios. Actualmente, son ellos quienes dictan frecuentemente la suerte de las empresas en la Bolsa neoyorquina de Wall Street. Desvinculados de la economía real, pueden, sin embargo, precipitar la quiebra de grandes corporaciones industriales.

En un reciente informe oficial de la OCDE (Taxation and Economic Performance, 3/3/97) se reconocía, sin ningún intento siquiera de disimulo: "Dada la creciente movilidad internacional de las inversiones financieras, se hace necesario disminuir la fiscalidad sobre las rentas del capital. Así, la mayor parte de la carga impositiva recaerá sobre el trabajo, que es menos móvil". A medida que van desmantelándose las fronteras, pues, la globalización financiera erosiona las bases tributarias con las que contaban los Gobiernos, socavando en particular su capacidad para gravar con impuestos los productos de la especulación financiera, los beneficios y las inversiones de las grandes empresas.

Los capitales de los países desarrollados están en perpetuo movimiento alrededor del planeta, lo que convierte en extremadamente difíciles tanto la definición de los beneficios imponibles como la identificación de los Estados a los que se les podría aplicar esos impuestos. Los países menos desarrollados, por su parte, multiplican los favores fiscales para atraer a cualquier precio inversiones extranjeras. Las grandes empresas utilizan, evidentemente, esas concesiones para exigir una desgravación de los impuestos a los que están obligadas en sus países de origen. Y, así, aumenta la erosión de la base tributaria, lo mismo que las deducciones cargadas sobre el trabajo.

Esto es particularmente patente en el seno de la Unión Europea donde, en relación con el conjunto de los ingresos fiscales, la parte proveniente de la imposición de las rentas del capital y de los trabajadores independientes no ha cesado de bajar (del 50% en 1980 a sólo el 35% en 1994), mientras que la proveniente de la tributación de los salarios aumentaba del 35 % al 40 % en el curso del mismo período. Y "en los EE.UU. el Impuesto sobre Sociedades no representaba más que un 17% de los ingresos de la Hacienda federal en 1990, contra el 27% del año 1965 (Economic Report of the President, Washington, Government Printing Office, 1995).

La globalización implica que muchas políticas nacionales pasan a tener efectos más allá de las fronteras de un país. Los sistemas tributarios de muchos países se gestaron o desarrollaron cuando el comercio internacional se hallaba muy controlado y limitado, por lo que prácticamente no existían grandes desplazamientos de capitales. En esa época, los elevados aranceles -o impedimentos físicos al movimiento de bienes- desalentaban muchos flujos comerciales, mientras que los de capital estaban prohibidos, o por lo menos muy controlados. En tal situación, las empresas operaban en gran medida dentro de las fronteras de sus países, y la mayor parte de las personas obtenían su ingreso de actividades o inversiones en los lugares donde tenían su residencia legal. En consecuencia, las autoridades de los Estados podían gravar las utilidades de las empresas, el consumo o rentas personales, y los flujos comerciales, sin que se generaran conflictos con las autoridades de otros países.

En el panorama descrito anteriormente, la aplicación del llamado "principio de territorialidad" -que otorga a un Gobierno el derecho de gravar todos los ingresos y las actividades que ocurren dentro de su territorio- no ocasionaba conflictos o dificultades. Cualquier país podía aplicar su política tributaria sin preocuparse por la forma en que afectaba a otros. De igual forma, las políticas tributarias de otros países revestían sólo un interés marginal, o no interesaban a los responsables de la formulación de políticas. Cabe recordar que hasta hace poco tiempo el estudio de los impuestos consistía casi exclusivamente en los análisis de la tributación dentro de una economía cerrada.

Pero la globalización está cambiando todo esto. En el entorno actual, las acciones de muchos Gobiernos se ven notablemente limitadas por las de otros Estados; y los efectos secundarios extrafronterizos generados por la fiscalidad han adquirido gran importancia. La liberalización y la desreglamentación son opciones tomadas por los Gobiernos de los países más ricos e impuestas luego a todo el planeta, progresivamente, bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI). Veamos la secuencia siguiente:

• Abandono, por decisión unilateral de EE.UU., del sistema de cambios fijos (1971) y adopción de un sistema de cambios flotantes (1973).

• Fin de los controles sobre los movimientos de capitales: Reino Unido primero, después EE.UU. (1979) y más tarde Europa continental.

• Liberalización y desreglamentación de los mercados de obligaciones y acciones (años 80, con varias etapas y diferentes ritmos en los países OCDE).

• Extensión de estas modalidades a los países "en transición" del Este europeo y de la antigua U.R.S.S. así como en los de las "economías emergentes" (durante los años 90).

• Titulización -o paso de Renta Fija a la inversión en Bolsa- para la deuda y los ahorros público y privado (también en la última década), subordinando los excedentes sociales a la lógica de la creación de valor financiero.

Las denominadas Inversiones Directas en el Extranjero (IDE) son aquellas que se encuentran vinculadas a la construcción de plantas industriales, sus equipamientos y las tecnologías asociadas. Tradicionalmente, esas inversiones han estado sujetas al Impuesto de Sociedades que se aplica sobre los beneficios. Este sistema ha sido eficaz durante varias décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y ha permitido que los Gobiernos obtengan ingresos fiscales sustanciales. Pero, hoy, la globalización y la volatilidad de los capitales han hecho extremadamente difícil su recaudación.

Un impuesto uniforme sobre las IDE debería contrarrestar tanto la evasión fiscal derivada de la movilidad del capital como la erosión de derechos fundamentales de los trabajadores en los Estados que los acogen, sin privar a los países menos desarrollados del flujo de estas inversiones. La parte alícuota de ese impuesto que le tocaría pagar a cada país receptor de las mismas se fijaría por un baremo, definido por la O.I.T., que tendría en cuenta el respeto a tales derechos (sindicales, contra el trabajo infantil, etc.), pero no el nivel salarial. Los criterios para medir ese respeto podrían variar según el nivel de desarrollo. El mensaje a las transnacionales sería claro: "pueden invertir donde quieran, pero tendrán que pagar mayores impuestos si eligen hacerlo en los países donde menos se respeten los derechos sociales".

Otro aspecto de una reestructuración de la fiscalidad sobre el capital, consiste en poner fin a la manipulación de los "precios de transferencia" (o facturación interna de un Grupo que le permite minimizar sus resultados donde deberían pagar más impuestos, y recíprocamente), calculando el beneficio total de una manera nueva e identificando los lugares donde es gravable. Esto podría lograrse con un método que se inspira en el impuesto de "tasa unitaria" existente en EE.UU. Se apoyaría sobre categorías contables conocidas y difíciles de esquivar: beneficios mundiales consolidados, facturación global consolidada y componente de ésta última en cada país dado.

Para evaluar la base tributaria, se obtendría la proporción entre la facturación nacional de una empresa y su facturación total, aplicando el porcentaje así obtenido a los beneficios mundiales consolidados, lo que nos daría los beneficios imponibles en un país determinado. Por ejemplo, si una multinacional estadounidense obtiene 1.000 millones de dólares de beneficio global consolidado y el 40% de su facturación proviene de los EE.UU., a efectos fiscales se consideraría que ha obtenido allí un beneficio de 400 millones de dólares. Las ventajas de este criterio unitario son que resuelve el problema del "precio de transferencia" y que es fácil de calcular y de cobrar, siendo limitadas las posibilidades de evasión fiscal.

Esta fórmula de imposición común afectaría tanto al Norte como al Sur, y reduciría las presiones para convertirse en "paraísos fiscales" que sufren los países del Tercer Mundo.

Un economista keynesiano de origen norteamericano, el profesor de la Universidad de Yale y premio Nobel James Tobin, se planteó en los años 70 la necesidad de poner un freno al avance especulativo de los intercambios de capital transnacionales. Tobin calculó entonces que aplicando un pequeño impuesto sobre dichas transacciones, se podría reducir la movilidad de los capitales volátiles y la inestabilidad monetaria internacional.

La idea era crear un impuesto sobre las operaciones de cambio para frenar el paso de una moneda a otra, y de este modo -recuperando la expresión de Tobin- "echar algún grano de arena en los rodamientos demasiado bien engrasados de los mercados monetarios y financieros internacionales". La cuantía de la "tasa" debía ser baja para penalizar solamente las transferencias puramente especulativas -de ida y vuelta a muy corto plazo- entre monedas y no, por el contrario, los movimientos vinculados a las transacciones comerciales o a las inversiones directas.

Supongamos, por ejemplo, que se aplicara un impuesto del 0,1% sobre toda operación de cambio y que el agente de la transacción que especula tenga un horizonte mensual: como cada transacción destinada a obtener una ganancia de cambio implica una ida y vuelta entre dos monedas (dos operaciones de cambio), para que la inversión sea ventajosa el especulador debe esperar un rendimiento superior a un 0,2% durante ese mes; y si no, en caso contrario, la ganancia obtenida con la especulación quedaría absorbida por la "tasa Tobin". El razonamiento sigue siendo el mismo si el horizonte especulativo es a un día, lo que resulta muy frecuente.

Dicho de otra forma, gravando sólo el 0,1% sobre cada transferencia financiera, la mayor parte de estos arbitrajes especulativos a corto plazo serían desincentivados -por deber tributar en cada movimiento- mientras que las operaciones a más largo plazo (un año o más) no serían tan perjudicadas, ya que sólo tributarían -al principio y al final- con una repercusión total nunca por exceso del 0,2% anual.

Para los economistas que han apoyado su propuesta, el principal efecto y la primera ventaja del filtro de la "Tobin tax" serían devolver a las políticas monetarias nacionales -o regionales- un poco de la autonomía que han perdido ante los mercados financieros. Este impuesto tendría los siguientes efectos:

• Permitiría sustraer, dentro de ciertos límites, a la fijación de las tasas de interés nacionales de la servidumbre del sostén de la paridad de las monedas.

• Conseguiría introducir una nueva forma de impuesto sobre el capital que tendría, sobre todas las demás, la ventaja de ser uniforme a escala mundial.

En consecuencia, defender la tributación de las transacciones en el mercado de cambios es reafirmar la necesidad de desmantelar el poder actual de las finanzas, al margen de toda normativa, restableciendo algún tipo de regulación pública internacional.

Gravar fiscalmente a las transferencias financieras, para penalizar la especulación y controlar los movimientos de capitales a corto plazo, permitiría dirigir una fuerte advertencia política a los principales actores económicos. Así se afirmaría que el interés general debe prevalecer sobre los intereses particulares, y que las necesidades de un desarrollo sostenible deben primar sobre la especulación internacional. Pero, además, la tributación de las operaciones de cambio podría jugar un doble papel: por un lado, frenar la excesiva movilidad de los capitales y reducir la inestabilidad monetaria internacional; y por otra parte, crear un mecanismo de financiación que podría servir para sanear la situación financiera internacional.

Por ejemplo, con un volumen de operaciones de 1,6 billones de dólares por día laborable en el mercado de cambios, una "tasa" del 0,1%, procuraría más de 300.000 millones de dólares anuales, recursos que podrían dedicarse a un fondo de desarrollo en beneficio de los países del Sur y el Este prioritariamente. Entre tanto, el ultimo "Informe sobre el Desarrollo Humano" del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) evalúa en 40.000 millones de dólares por año "la suma necesaria para erradicar la pobreza, permitir el acceso universal al agua potable y satisfacer otras necesidades sanitarias básicas".

El monto definitivo de la recaudación con el impuesto de la "tasa Tobin" dependería del porcentaje de la misma (entre el 1% y el 0,1%, según las diversas propuestas) y de la magnitud futura de los movimientos de capitales que gravase. Y está claro que hay una fuerte carga de incertidumbre en esta última cifra, pues -por definición- el montante total previsible para las operaciones de cambio de acuerdo con la tendencia actual debiera de reducirse. Pero, incluso con una "tasa" tan baja como el 0,05%, la recaudación podría ser en todo caso de, al menos, unos 100.000 millones de dólares anuales.

En cualquier caso sus efectos como freno contra la especulación deben de relativizarse, puesto que las divisas constituyen sólo una de las tres principales formas de los activos financieros que conforman la cartera de los grandes inversores, integradas además por los bonos u obligaciones (particularmente, los emitidos por los Gobiernos) y las acciones.

Aunque no pueda considerarse la "tasa Tobin" como una medida correctora radical en exceso, tampoco suscita por el momento el entusiasmo de los gobiernos actualmente en el poder en muchos países de Europa. Se esgrimen diversos argumentos en contra:

El argumento ideológico: resulta innecesaria

Es el tradicional argumento de los partidarios del "laissez faire", nada nuevo e invariablemente defendido por el liberalismo anti-intervencionista a ultranza. El mercado sería autorregulador y optimizaría la utilización de los recursos materiales, inmateriales y humanos del planeta.

Según esta simplista teoría, el presente régimen de desregulación financiera facilitaría el juego benéfico de los mecanismos de mercado, en los que las decisiones de los participantes serían el resultado de algunos parámetros "fundamentales" (tasa de inflación, déficit presupuestario, deuda pública o balanza comercial).

Sin embargo, esos criterios explicativos supuestamente "esenciales" corresponden sólo a los prejuicios liberales: en realidad los operadores actúan frecuentemente también en función de otras consideraciones, ligadas a las monedas en tanto que activos financieros. Por ese motivo, el dólar goza, en casi todas las circunstancias, de una cotización favorable que no siempre está justificada por el estudio de los parámetros "fundamentales" de la economía.

El diario francés Le Monde (12/10/1998) daba cuenta de las palabras de Olivier Davanne, encargado de un informe por parte del primer ministro Jospin, que iban en ese sentido: "Lo que marca el funcionamiento actual de los mercados es el muy corto horizonte de los inversores del que resultan demasiado frecuentemente unos comportamientos gregarios [...] En definitiva, hay que admitir que la capacidad de los mercados para analizar los parámetros fundamentales económicos y financieros es muy limitada".

Pero la descalificación más definitiva para este absurdo "argumento", de la pretendida innecesariedad, nos la ha proporcionado asombrosamente -en una cínica y contradictoria confesión de parte (al IMF Bulletin del 21/8/2000)- la contundencia con la que el propio Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, declara tajantemente: "El hecho de que alrededor de la mitad de la población total del mundo actual tenga que estar arreglándoselas con menos de dos dólares por día no debe considerarse aceptable por nadie [...]. Los ricos no gozarán de un futuro adecuado a menos que existan perspectivas de un mejor futuro para los pobres. Y eso no ocurrirá espontáneamente. Tenemos que trabajar para lograrlo".

El argumento técnico: sería irrealizable

Se afirma que en el contexto actual, la imposición de la "Tobin tax" es utópica. Tanto la recepción como la utilización del producto del impuesto son objeto de un debate tal vez prematuro pero que ya suscita algunos interrogantes. ¿Quién percibiría y canalizaría la "tasa Tobin": un organismo internacional o los Estados donde tienen lugar las operaciones?, ¿Quién controlaría su recepción y cobro?, ¿Quién decidiría el reparto?...

Estos interrogantes siguen abiertos en el propio seno de ATTAC pero para sus detractores, en cambio, ya no hay dudas: dicen que resultaría muy fácil de evadir y que sólo sería eficaz si fuese adoptada por toda la comunidad financiera internacional. Estas objeciones deben relativizarse. ¿Hay que renunciar a los impuestos por el hecho de que toda carga tributaria sea objeto de evasión fiscal? De hecho, la aplicación de esta medida, que no bastaría por sí sola para atajar la inestabilidad monetaria, es ante todo una cuestión de voluntad política de los Estados.

Su implementación no resulta tan compleja al estar concentradas las operaciones de cambio sobre un limitado número de plazas financieras. En 1998, más de dos tercios del mercado estaba concentrado en Londres (32%), Nueva York (18%), Tokio (8%), Francfort (5%) y París (4%), llegándose a más de cuatro quintos de las operaciones si añadimos otras tres plazas más: Singapur (7%), Hong-Kong (4%) y Zurich (4%). Un pequeño número de sociedades especializadas garantizan la interconexión mundial. Y, además, para que la "tasa Tobin" sea posible se podría acompañar con medidas de control transitorio sobre la salida de capitales, como las ya practicadas en Chile y Colombia.

Según aclara Bruno Jetin, del Consejo científico de ATTAC-Francia, hoy ya "sería posible técnicamente cobrar la Tasa Tobin sobre una base nacional. El mercado de cambios es sobre todo interbancario y en la mayoría de los países los bancos usan redes de conexión electrónicas que permiten identificar las transacciones producidas; cada una queda registrada inmediatamente por cuentas abiertas en el Banco Central del país en que se ubican [...]. Este es un trámite objeto de reglamentación mundial. Bajo el control del Banco de Regulaciones Internacionales, los sistemas de pago nacionales están en vías de homogeneizarse técnica y legalmente a escala global. Se pretende asegurar la rapidez y seguridad en los pagos, una mecánica absolutamente necesaria para los bancos y que no estarían dispuestos a abandonar por el establecimiento de un impuesto mínimo.

Recordemos que los bancos centrales ejercen el derecho de denegar el acceso al sistema nacional de pagos del que son responsables a todo agente financiero que no respete la legislación nacional. De modo que los agentes financieros localizados en un paraíso fiscal que no aplicase la Tasa Tobin podrían ver denegado su acceso al sistema de pagos de los EE.UU. o de la Unión Europea, si estos países establecieran dicho impuesto. Y el traslado -o "deslocalización"- de inversiones a los mismos perdería gran parte de su interés. Otras ventajas de este modo de recaudación serían que se involucraría a todos los productos financieros, limitando al mismo tiempo a su mínima expresión la burocracia y las posibilidades de corrupción.

Por lo tanto, gracias a las innovaciones tecnológicas, en la mayoría de los países hoy es posible técnicamente establecer un impuesto sobre las transacciones financieras realizadas en divisas y girar todo lo recaudado a través del Banco Central para asegurar su administración" (Ver "El grano de arena" -boletín de ATTAC- del 13/9/2000).

Pero si hay algo que revela el carácter esencialmente político de las objeciones hechas a la propuesta de este nuevo impuesto es la existencia actual de los denominados "paraísos fiscales" con la complicidad de muchos Gobiernos e instituciones internacionales. Luchar por una erradicación inmediata y total de dichas zonas francas es, pues, hacerlo contra la impunidad de los propietarios o gestores del capital financiero de origen ilegal y crear, a la vez, las condiciones que hagan posible un control ciudadano de estos recursos.

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