A estas alturas no es necesario argumentar que el neocapitalismo liberal y el sistema único de globalización económica son nefastos.

Es a sus recalcitrantes defensores a quienes corresponde demostrar lo indemostrable: que, a pesar de las catástrofes que provoca, es el mejor sistema posible.

Cuando, por ejemplo, según Manos Unidas en Noticias de España de junio de 1998, erradicar la pobreza en todo el mundo sólo requiere invertir el 1% de los ingresos mundiales; cuando la riqueza de las 7 personas más acaudaladas del mundo daría, con holgura, para lograr que todos los habitantes del planeta accedieran a los servicios sociales básicos; cuando el gasto militar de Asia del Sur en 1995 (15.000 millones de dólares USA) fue más de lo que costaría proporcionar atención sanitaria y nutrición básica en todo el mundo durante un año, y cuando todo ello sucede en este sistema único al que nada se le escapa -ni debe escapársele, según sus panegeristas- es necesaria, sin duda, buena dosis de cinismo y de malabarismos dialécticos para seguir abogando por él.

Nosotros, por nuestra parte, ya hemos definido reiteradamente el sistema al que aspiramos: un tipo de sociedad donde la persona sea el centro, es decir, el auténtico sujeto de derechos y deberes, y, alrededor de la persona, una serie de círculos concéntricos a la misma (desde la familia, el barrio, la empresa, la ciudad... hasta los organismos internacionales que sean verdaderamente necesarios) que la ayuden, sin suplantarla, a ser tal persona, y donde los círculos más próximos a ella sean servidos, no dominados, por los más lejanos.

Es la cultura solidaria y comunitaria frente a la insolidaria e individualista del sistema. Cultura solidaria y comunitaria regida por el principio de subsidiaridad y suplencia. Nada que pueda hacer por sí misma una institución cercana a la persona debe hacerlo una más lejana. Sólo en el caso de que un objetivo necesario y justo no pueda cumplirlo la más próxima, debe suplir la más lejana.

Podríamos decir que la misión de las instituciones de ámbito mayor (entiéndase, autonómicas, nacionales o internacionales) es introducir los correctores necesarios para que las de ámbito menor no se desequilibren por falta de equidad y justicia; es decir, su función es fundamentalmente distributiva para evitar las desigualdades a que puede llevar el individualismo que también albergan las personas y su entorno.

[Aquí podríamos hacer un paréntesis y hablar sobre la función de las instituciones educativas, llamadas a descubrir, repartir y distribuir los valores comunitarios que frenen los antivalores del individualismo y la insolidaridad. Cuando únicamente se transmiten conocimientos, lo que se hace, con harta frecuencia, es poner en manos de individualistas e insolidarios los instrumentos que necesitan para serlo más].

Sin embargo -retomamos el hilo de nuestra argumentación- en este orden de cosas, el ordenamiento social vigente adolece de dos defectos fundamentales. En primer lugar, la toma de decisiones que más afectan a las personas las realizan individuos y, sobre todo, instituciones muy alejadas de las mismas. Todos, por ejemplo, sufrimos -o gozamos- en nuestro país las consecuencias de nuestro ingreso en la Unión Europea, pero muy pocos negociaron con conocimiento de causa nuestra entrada en la misma, y éstos, condicionados por un tratado ya preexistente y no modificable en sus lineas maestras. Igulamente, en relación con el Tratado de Maastrich, nunca, antes de firmarlo, hubo un debate amplio entre nosotros que conformase una opinión pública responsable donde se escuchara el sentir de los diversos sectores sociales que en él tenían mucho que ganar o perder. Y ello, aunque ambos hechos han supuesto la modificación en profundidad de nuestro ordenamiento jurídico y económico e, incluso, de nuestros comportamientos personales y de grupo.

El segundo defecto del orden social vigente es, si cabe, más grave aún que el primero. Nos referimos al predomio -o símplemente dominio- de la economía sobre la política, dominio posibilitado y potenciado por la globalización y mundialización de la misma.

La política -entendemos- hace referencia al conjunto de la ordenación de la convivencia de los ciudadanos en sus múltiples aspectos desde la libertad y la responsabilidad de todos.

La educación, la cultura, la posibilidad de una opinión pública independiente, la libertad de iniciativa de los ciudadanos, su participación en la toma de decisiones, las relaciones intra y extramunicipales, provinciales, nacionales etc., la libre circulación de las personas, la igualdad ante la ley, la imparcialidad de la justicia, un sistema penitenciario liberador e integrador, la atención preferente a los de menos posibilidades en cualquier orden, la libertad de asociación, la libertad de conciencia y la posibilidad de vivir conforme a ella, etc., etc., son objeto de la acción política. No, ciertamente, para dominarlos o subyugarlos, sino para ordenarlos al bien común que, como tantas veces hemos afirmado aquí, consiste en crear y mantener las condiciones sociales necesarias para que todas las personas puedan cumplir sus deberes y derechos.

La política -queremos insistir- abarca múltiples aspectos. La economía, por el contrario, hace referencia solamente a la producción y distribución de toda clase de bienes de uso y consumo.

Ahora bien, lo que ha sucedido es que, partiendo del innato anhelo humano de poseer y disfrutar en exclusiva de cada vez más bienes, a través de un proceso histórico que va acelerándose desde el siglo XV a nuestros días en alianza con la ciencia y la técnica, la economía, entendida como creación y acumulación de riqueza, ha pasado a situarse en el primer plano de la preocupación y ocupación de los individuos y naciones por encima de cualquier otra consideración. Un tren de vida de confort y suntuosidad, ostentosamente manifestado, dan categoría social a los individuos. El Producto Interior Bruto es, por lo demás, hoy el máximo indicador del progreso de las naciones.

La economía, así, ha absorbido y consumido los demás aspectos de la vida social y política. Las guerras de conquistas (de colonización), las guerras entre pueblos y naciones, a lo largo de estos cinco siglos, por conquistar materias primas y abrirse mercados (los mercados casi siempre se han abierto a tiros y cañonazos) y el abismo siempre mayor entre ricos y pobres abalan cuanto vamos afirmando. El cobre tras el derrocamiento de Allende, el petroleo tras la guerra del Golfo o las revueltas de Nigeria, la cerrazón de los latifundistas brasileños, etc., etc., evidencian cómo tras los conflictos de todo tipo nacionales o internacionales se encuentran siempre intereses económicos enfrentados.

En este camino de sometimiento de lo político y lo social a la economía, ésta ha conseguido actuar mundialmente a través de la desregulación de los mercados, del desarrollo de las empresas multinacionales -implantadas simultaneamente en muchos países y abarcando distintos sectores de producción y distribución, a la vez que estrechamente conexionadas entre sí- y de la globalización del sistema financiero -presente en todas partes pero atento sólo a la ganancia posible, lo que le hace sumamente versátil e inseguro, volátil en el argot fianciero-.

Aun sin que se apruebe el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), la OMC (Organización Mundial de Comercio) y la omnímoda libertad de las finanzas son garantía suficiente para que el actual sistema económico rompa todas la barreras nacionales e, incluso, las de agrupaciones de naciones como puede ser la Unión Europea o Mercosur, por poner dos ejemplos relacionados.

Mientras tanto -y ésto es a nuestro juicio lo extremadamente grave- la política, personalizada en los estados, al no tener institucionalmente carácter mundial, ha quedado desfasada e impotente para hacer frente a los retos de la globalización y mundialización económica.

La economía, de este modo, ha planteado un terrible dilema político. Hoy por hoy, si un solo estado o grupo de estados intenta regular en su suelo el comportamiento de las multinacionales o de los inversores extranjeros después de haber desmantelado, como lo han hecho la mayoría, sus bases económicas propias, sería facilmente arruinado.

Y si no lo hace, a través de su economía en manos ajenas, se le desvanece y deshace su soberanía política, pues ya no está en sus manos ordenar la convivencia -ni siquiera la vivencia- de sus conciudadanos, regulados como están desde fuera en el aspecto económico, hoy determinante de toda la vida social.

EN ESTA SITUACION sería necesario, frente al hecho de la economía mundializada, un orden político también mundial con una autoridad asimismo mundial. Necesidad que ha sido comprendida hace tiempo por muchos, pero a la que, sin embargo, se esá respondiendo -entendemos nosotros- inadecuadamente.
 
 

Dos caminos de solución se están siguiendo:

El primero es conceder, por la vía de los hechos o por consentimiento tácito, a un país -léase Estado Unidos- liderar la política mundial.

Entre otros muchos inconvenientes e injusticias a que da lugar este planteamiento (en gran parte hecho realidad) hay que resaltar el que, por pura lógica humana e histórica, este país dirigirá la política mundial según le dicten sus propios intereses. La tentación de imperialismo a escala mundial está así servida; enconando, de esta forma, los conflictos y los enfrentamientos de quienes no comparten ni sus intereses ni sus puntos de vista, o aspiran a sustituirles a medio plazo en la hegemonía mundial.

Además, un país, hecho por y para el sistema capitalista de la competencia y el ansia de enriquecimiento casi como supremo valor ético, unicamente puede ser, por lógica, plataforma desde la que el complejo económico-financiero dirija el mundo.

En definitiva, tras la hegemonía norteamericana se esconde la dictadura de los poderosos. No es casualidad que el presente estado de cosas en el mundo se sostenga por la reiteradas intervenciones, en los más diversos escenarios, de las fuerzas represivas o de intervención de los EE.UU.
 
 

El segundo camino seguido -en realidad, paralelo al anterior- es la actual constitución de la ONU, en la que tantas legítimas esperanzas se pusieron; pero que nació viciada por la presencia permanente con derecho a veto de las naciones poderosas en su Consejo de Seguridad.

Una ONU así únicamente puede imponer el orden de los poderosos. Una ONU nacida de la imposición de los vencedores de la 2ª Guerra Mundial, que se aseguraron el dominio de la misma a través de su presencia y veto en el referido Consejo de Seguridad, no puede ser el gobierno del mundo; aunque admitamos que sin su existencia todavía estaríamos peor, pues, al menos, de algún modo, se ha podido oir la voz de los pobres.

Y no vale admitir a otros poderosos, como se pretende, como miembros permanentes en el Consejo.

La contradicción de la ONU y de sus fautores o promotores es exigir democracia a los estados, cerrando las puertas a que ella misma lo sea.

Sin embargo, partiendo del supuesto del reconocimiento de los derechos humanos, incluidos los sociales, para todas las personas de todos los países, ¿no podría concebirse una ONU de estados iguales, sin privilegios para los poderosos, donde las decisiones se tomasen por mayoría, teniendo en cuenta a la hora de las votaciones a los habitantes de cada estado, de modo que cada uno de ellos tuviera un número de votos proporcional a los ciudadanos que la habitan?.

Una ONU así concebida, sí podría constituirse en gobierno y autoridad mundial. Y no para suplantar -insistimos- sino para vigilar e impulsar el reconocimiento de los derechos humanos en todos los estados, para dirimir los conflictos entre estados o dentro de los estados por la vía del diálogo y el compromiso, para impulsar con justicia el desarme, para ejercer la justicia distributiva entre estados ricos y pobres, para practicar una fiscalidad social a escala de naciones, para desarticular la innecesaria globalización económica cuando los propios países, individual o voluntariamente agrupados, puedan producir y distribuir lo necesario a sus ciudadanos, para imponer al sistema financiero normas de universal cumplimiento, etc., etc. Una ONU, en fin, al servicio de las organizaciones regionales de estados.

Sin duda, al igual que a lo largo de los siglos XIX y XX, dentro de la mayoría de los estados, se llevó a cabo una lucha de las clases pobres explotadas y desposeídas por la igualdad y la justicia, conseguidas, al menos en parte, en la realidad y en el ordenamiento jurídico (conquista -reconozcámoslo- que ahora es puesta en peligro por la agresión externa a los estados que supone la globalización económica); así, ahora, es necesaria una lucha de los estados pobres explotados y excluidos por conseguir la igualdad y la justicia en las relaciones internacionales.

Conseguir una ONU de naciones iguales no va a ser nunca regalo de las naciones poderosas. De ahí la urgencia de que los ciudadanos de los países empobrecidos y excluidos y sus propios estados luchen por poner de manifiesto las injusticias que con ellos se cometen y porque desaparezcan del ordenamiento jurídico internacional los privilegios existentes a favor de las naciones ricas y poderosas.

Hoy la lucha social abarca un doble campo: el interior de los países, donde siguen las injusticias y desigualdades, y el exterior entre naciones, para desarticular la hegemonía de las que en este momento son sede y plataforma de los mecanismos opresores a escala mundial.

El camino para lograrlo pasaría por potenciar las organizaciones regionales de países o estados, pero a condición de llenarlas de contenido político y liberarlas de la servidumbre de los aludidos mecanismos opresores en la medida en que vaya siendo posible.

Cuanto antecede ha sido dictado por la necesidad que sentimos de ampliar la acción militante transformadora de la realidad.

Nos parece ineludible -y la primera obligación del militante- la denuncia constante de las agresiones del sistema a las personas y a las naciones.

Nos parece asi mismo necesario la creación de grupos solidarios y comunitarios que vivan otro estilo de vida.

Se debe atender a las posibilidades de lucha y transformación dentro del propio país.

Es lícito pensar que una actitud de desasistimiento al sistema, basada en la no-violencia activa, puede hacerle mucho daño.

Parece lógico esperar que el sistema entre en contradición consigo mismo como, por ejemplo, pone de manifiesto la urgencia que sienten algunos organismos -el mismo Fondo Monetario Internacional- de poner coto a la absoluta libertad de movimientos financieros.

Pero hoy queremos poner de relieve que el sistema, si la rebelión se hace sólo a escala de países, es fortísimo precisamente porque es mundial, y que, puesto en apuros en un determinado país, no dudaría en recurrir a la fuerza, como de hecho ya viene haciendo.

Por ello, aunque por principio y como meta no somos partidarios de la mundialización y estandarización de la vida humana en ningún aspecto, ante la realidad que tenemos delante afirmamos la urgencia de dominar desde una política mundial la globalización económica, y que para ello tal vez no sea inutil luchar por la real democratización de la ONU, el único organismo político mundial que hoy tenemos.