Como una expresión de las políticas de los países del Norte hacia el Sur, la iniciativa para las Américas o Plan Bush, se hizo pública el 27 de junio de 1990. Cubre tres áreas: comercio, inversión y deuda externa. Para la primera, se plantea el libre comercio, incluyendo el compromiso estadounidense de rebajar los aranceles para exportaciones latinoamericanas. En el tema de inversión, EE.UU. se ofrece para formar un Fondo de Inversiones para América Latina y el Caribe, administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la privatización. En relación a la deuda, postula una pequeña reducción de la deuda externa y la expansión escalonada de préstamos oficiales estadounidenses a los países que adopten los programas de ajuste estructural señalados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). También se propone la creación de Fondos para el Medio Ambiente que sistematizarían el mecanismo de canje de deuda por naturaleza. Estos fondos serían administrados por un Consejo formado por ONGs, gobiernos locales y EE.UU., intentando así controlar e integrar a las ONGs a la propuesta general de la iniciativa Bush y disminuir, de ese modo, su capacidad crítica.
Esta iniciativa pretende el fortalecimiento del modelo de desarrollo vigente y la trasnacionalización de la economía con grandes consecuencias sociales y ambientales. Este proceso apunta también la desorganización de las luchas de las comunidades y condiciona fuertemente las posibilidades de los pueblos para trazar con autonomía su propio proyecto de desarrollo.
Rechazamos la Iniciativa para las Américas, los pagos de la deuda y los ajustes estructurales y nos comprometemos a promover una Iniciativa de los Pueblos de las Américas y modelos de desarrollo descentralizados a través de los siguientes compromisos:
Las políticas financieras del FMI y BM en América Latina desde la década de los 70 se definen por: la liberalización y desregulación del mercado y del comercio internacional, la libertad para inversiones extranjeras, el aumento de la producción del sector exportador, tendiendo a la especialización de los productos por país, profundizando un proceso de pauperización y marginación de grandes sectores de la población de Latinoamérica y el Caribe; la sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales, el aumento de las deudas externas, el incremento de la concentración de la propiedad de la tierra. En general se ha dado una trasnacionalización de las economías, donde las necesidades básicas de las poblaciones son dejadas de lado. Políticas similares han sido aplicadas en Estados Unidos y Canadá con igualmente graves resultados.
Por lo tanto, asumimos el compromiso de difundir información acerca de las consecuencias ambientales y sociales de los procesos de ajustes económicos estructurales en los países de América Latina y el Caribe, así como Estados Unidos y Canadá incluyendo los efectos sobre la condición de grupos sociales como las mujeres, los jóvenes y niños, minorías étnicas, etc; y denunciar su lógica concentradora de poder y el ingreso. Nos comprometemos también a apoyar nuevas formas de organización económica, basadas en la descentralización de la actividad productiva y en la autonomía de los pueblos, considerando que todas las economías necesitan cambios profundos en su organización para hacer posible la aplicación de un enfoque sustentable.
La liberalización de las economías nacionales, bajo la forma de programas de ajuste estructural, ha sido un requisito previo para la implementación efectiva de un programa hemisférico de liberalización del comercio internacional. Las compañías trasnacionales necesitan una vía libre de regulaciones económicas nacionales, y la ausencia de restricciones por razones laborales y ambientales para poder mover sin obstáculos sus capitales y productos entre los países de la región. Sin embargo, la integración económica entre países latinoamericanos podría constituir también una alternativa positiva.
Para evitar una integración no dirigida hacia un modelo de desarrollo sustentable, o que ejerza una presión sobre los salarios, salud y derechos de los trabajadores y sobre la protección de la calidad del medio ambiente, y para que los pueblos de cada país no pierdan el control sobre sus recursos y el derecho a decidir sobre su economía; rechazamos las propuestas de libre comercio y de integración que no aseguren la protección y el mejoramiento en estas áreas, laboral, ambiental y de control ciudadano.
El actual proyecto económico neoliberal impuesto por los países del Norte y asumido por los gobiernos del Sur a través del sistema financiero internacional, ha profundizado en gran medida la enorme desigualdad económica, política y social existente entre el Norte y el Sur, los pagos de los préstamos y el servicio de la deuda que causan un empobrecimiento mayor a las naciones ya pobres y la destrucción ambiental frente a la necesidad de producción y explotación a cualquier costo. Esta visión exclusivamente monetarista, impide el establecimiento de modelos de desarrollo sustentable.
Asumimos el compromiso de luchar contra los pagos de la deuda de los países del Tercer Mundo por considerarla ilegítima y haber sido ya pagada por los injustos intereses y pagos de servicios de la deuda. Por las mismas razones rechazamos los canjes de deuda por naturaleza, o por otro mecanismo. Rechazamos formas de alivio de la deuda condicionadas a la aplicación de programas de ajuste estructural. Pugnamos por realizar una Auditoría completa a la deuda externa en los países del Tercer Mundo.
Los mecanismos de ajuste financiero estructural, la deuda externa y el sistema financiero internacional, han generado la transferencia neta de recursos (naturales, financieros, humanos y energéticos) del Sur hacia el Norte así como también la transferencia de tecnologías ambientalmente agresivas en sentido inverso, de los países enriquecidos del Norte, hacia los países empobrecidos del Sur, privando así a estos últimos, no solamente de las posibilidades de un desarrollo autónomo y armónico, sino atándolos al modelo de desarrollo dominante. Con ello se profundiza la destrucción de la naturaleza y la marginación de importantes sectores de población de los países del Tercer Mundo.
Es necesario por lo tanto que el sistema en su conjunto y en particular sus agentes centrales restituyan esta deuda creciente con la biosfera, cuyos efectos alteran vitalmente la calidad de vida y capacidad de sustentación del mismo.
Asumimos el compromiso de trabajar por el reconocimiento internacional de las deuda ecológicas.
Al mismo tiempo nos comprometemos a reconocer a los acreedores ecológicos (etnia, comunidad, país o región afectada por el agotamiento ambiental y social), y la necesidad de aplicar medidas de ajuste ecológico (modificaciones y cambios necesarios a los actuales patrones de producción y consumo) para que no sigan aplicando acciones de devastación y contaminación. Debemos exigir que los países o empresas nacionales o trasnacionales corrijan la degradación ambiental por ellos causada y realicen un resarcimiento económico de los daños.
La diversidad cultural y de civilizaciones es una característica de las Américas que hace 500 años viene sufriendo un violento proceso de homogeinización y desaparición de culturas, que está asociado a una vertiginosa caída de la calidad de vida y del ambiente.
Asumimos el compromiso de luchar por la defensa de la diversidad cultural y de las civilizaciones de nuestros pueblos, promover en la educación el respeto profundo hacia nuestras diferencias, valorando no solamente las culturas originales de América sino también los grupos étnicos y su mezcla racial y cultural (amerindia, africana y europea) y la biodiversidad natural y de pueblos y culturas.
Pugnaremos para que la transferencia de tecnología esté encaminada hacia un desarrollo sustentable; y porque se suspenda la práctica de trasladar tecnología de desecho a países del Tercer Mundo.
Impulsaremos el diseño y difusión de tecnologías limpias y apropiadas a las condiciones ecológicas, sociales y culturales de cada país. Consideramos a la microindustria urbana y rural y al desarrollo de pequeños productores como una base importante de un nuevo modelo de desarrollo múltiple y diverso, autogestionario, consecuente con la diversidad medioambiental y social de nuestros pueblos y como requisitos fundamentales para la conservación y aprovechamiento racional de los ecosistemas, generando una oferta que satisfaga las necesidades de la propia comunidad. Promoveremos en todos los casos la igualdad económica y social de grupos minoritarios y mujeres.
Promoveremos la creación de industrias controladas por las comunidades que aprovechen íntegramente, a la escala y con tecnología adecuada, la diversidad de recursos humanos, físicos, faunísticos y florísticos de los países.
La realidad social y ambiental de los países latinoamericanos, tienen muchas semejanzas, incluso a nivel de las estructuras sociales y económicas. Las ONGs de estos países no han desarrollado acciones conjuntas para enfrentar sus problemas. Del mismo modo, las relaciones entre esas ONGs, movimientos sociales y pueblos indígenas de América del Norte, América Latina y el Caribe han sido muy débiles, no utilizando el enorme potencial de intercambios de experiencia y apoyo posibles.
Asumimos así el compromiso de incrementar la comunicación sobre nuestras experiencias y compartir la información, desarrollar mecanismos de solidaridad y acciones conjuntas y, articular entidades, en la búsqueda de formas descentralizadas de desarrollo ecológicamente sustentable y socialmente justo y de una democratización profunda de nuestras sociedades.