Las mujeres han participado en el desarrollo económico de República Dominicana de diversas formas, siendo las dos principales el trabajo doméstico y el empleo en las actividades referidas al mercado económico. A su vez, dicha participación femenina ha estado condicionada por las características del aparato productivo dominicano y por su condición específica de género.

Como ocurre en el resto de América Latina, el problema es que, por diversas razones, esa contribución de las mujeres al desarrollo resulta sólo parcialmente visible. Una de las principales causas de ello es que sólo las actividades convencionalmente consideradas como económicas son integradas en las cuentas nacionales. Las tentativas realizadas para medir el aporte del trabajo doméstico a la economía nacional no han modificado las convenciones vigentes, como tampoco ha concluido la discusión sobre si ese trabajo podría ser retribuido de alguna forma y si con ello mejoraría la condición general de las mujeres.

Así, la participación de las dominicanas en el desarrollo nacional adquiere visibilidad básicamente cuando puede medirse como actividad propiamente económica. Ello resulta un problema cuando en ciertos ámbitos, como el agrícola, las tareas domésticas y las dirigidas al mercado no pueden distinguirse fácilmente. Con frecuencia, los medios oficiales de encuesta y las propias mujeres se inclinan a considerar que su trabajo forma parte de las habituales tareas del hogar y que, por tanto, son solamente dueñas de casa, clasificándose así como económicamente inactivas. Este tipo de registro se acentúa cuando el cuestionario sobre empleo es reducido, como sucede en los Censos de Población, indagándose apenas sobre el destino final de las labores que ejecutan las mujeres.

Por ello, cuando se realiza encuestas en profundidad sobre el trabajo de las mujeres rurales, aparecen cifras de actividad económica completamente distintas a las de los Censos. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Mujeres Rurales realizada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, en 1985, señaló una cantidad apreciable de tareas consideradas domésticas que podrían considerarse económicas, estableciendo una tasa de participación femenina en el campo del 84%, cifra que era del 21,2% según el Censo de 1981.

La tendencia general a considerar a las mujeres fuera de la actividad económica procede también de antiguas visiones culturales, que afirmaron una división sexual del trabajo, según la cual se atribuye a ellas la responsabilidad del trabajo doméstico y a los hombres la actividad pública y económica. Si bien esa división del trabajo se ha flexibilizado, todavía se considera socialmente que las mujeres tienen la responsabilidad fundamental de realizar las tareas domésticas, participen o no en el mercado laboral.

Esto puede apreciarse con claridad cuando se examina el tipo de inactividad que declaran hombres y mujeres. La proporción de mujeres que se declaran dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas ha ido disminuyendo conforme aumentaba la participación económica femenina. Sin embargo, las variaciones en la participación económica masculina no han introducido ningún cambio en la cantidad de hombres que se declaran dedicados a los quehaceres domésticos: 0,0% en los sucesivos Censos hasta 1981. Este rechazo absoluto a incluirse en esta categoría no guarda consistencia con el hecho de que haya aumentado con el tiempo la proporción de hombres inactivos, hasta ser cerca de un tercio en el Censo de 1981. Se trata, pues, de una resistencia cultural: el cuidado del hogar no puede ser una responsabilidad masculina, de acuerdo a las pautas genéricas establecidas.

Por otra parte, una proporción importante de población femenina ha trabajado siempre para el mercado económico en forma directa. La visibilidad de esta situación ha ido aumentando en República Dominicana a medida que las mujeres se han ido ocupando como asalariadas en las pasadas décadas. Durante los años ochenta, asimismo, se han producido cambios culturales que han favorecido un mejor registro.

Se estima que al inicio de los años noventa en torno a un 40% de la PEA nacional está compuesta por mujeres. Esta estimación procede de la proyección de las cifras relativas obtenidas en la última encuesta de cobertura nacional, la Encuesta Demográfica y de Salud de 1991. Sin embargo, esta estimación no es contrastable en el tiempo, dado que las anteriores encuestas no son comparables en términos estrictos (ver capítulo Observaciones Metodológicas).

En todo caso, las distintas fuentes y estimaciones que se realizan para el caso dominicano coinciden en señalar un crecimiento notable de las mujeres que se declaran formando parte de la Población Económicamente Activa (PEA).

Con todo, este crecimiento no ha modificado con igual ritmo la segmentación ocupacional existente: las mujeres siguen concentrándose en el sector servicios (cerca de un 80% en 1991), mientras los hombres se distribuyen más regularmente en las tres ramas de la actividad económica: un 37,6% en la agricultura, un 16% en la industria y un 46,4% en los servicios. Es importante señalar, no obstante, que un segmento de las ocupadas lo hace en las zonas francas industriales y comerciales, que son un sector dinámico de la economía dominicana. Se estima que en 1990 un 60% de los ocupados en dichas zonas correspondía a mujeres.

Dentro del sector servicios, las mujeres se ocupan principalmente como empleadas domésticas, de comercio y oficina. Los hombres se emplean sobre todo como trabajadores agrícolas y no agrícolas. Ahora bien, como sucede en casi toda América Latina, destaca la proporción de técnicas y profesionales que presenta la PEA femenina (un 12,3% en 1991, frente al 5,6% de los hombres). No obstante, esto no significa ausencia de segmentación (hay una cantidad considerable de enfermeras y profesoras) ni quiere decir que ocupen cargos de dirección y poder empresarial, donde siguen siendo una reducida minoría.

El incremento del nivel educativo de las mujeres ha significado que la fuerza laboral femenina posea ya un mayor número de años de estudio que la masculina, como sucede en toda la región. Sin embargo, esta cualificación educativa no ha reducido en igual medida las diferencias ocupacionales ni las salariales que las acompañan. Todo ello se relaciona con la determinación cultural establecida, que tiende a identificar la participación económica femenina como secundaria y complementaria respecto de la masculina.