La crisis que azotó América Latina durante los años ochenta tuvo una de sus expresiones más graves en el caso de Perú. En realidad, la economía peruana fue durante esa década difícil un ejemplo negativo para el resto de la región, en cualquiera de las políticas -de orientación opuesta- que se impulsaron en el decenio. Luego, desde 1990, la controversia sobre Perú incluyó también el factor de la institucionalidad democrática.
La primera de estas etapas se inició en 1980, tras doce años de gobiernos militares que propiciaron un proceso de industrialización mediante la constante intervención estatal, tanto en el plano de las inversiones como en el de la actividad económica propiamente tal. Este modelo de desarrollo hacia adentro comenzó a erosionarse con el cambio de clima que presentó la economía mundial en los años setenta. Hacia fines de esos años, el uso de la inversión pública empezó a significar aumento de la deuda externa y de la inflación, así como el intervencionismo estatal ineficiencia e inflexibilidad en los mercados (justo cuando la crisis mundial demandaba todo lo contrario).
Por ello, el gobierno constitucional de 1980-1985 decidió una orientación de apertura y liberalización comercial más ajustada al nuevo clima recesivo mundial. Durante 1980 y 1981 esta nueva política pareció poder realizar las transformaciones productivas sin grandes perjuicios socioeconómicos. Pero la crisis regional de 1982 frenó por completo el crecimiento nacional, situación que se agravó al extremo el siguiente año, cuando se combinaron crisis externa y desastres naturales en el interior. Así, en 1983 el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo el retroceso mayor de la región (12,3%). La recuperación del año siguiente, modesta (4,8%), no pudo compensar esa caída, además de que fue básicamente producto del retorno a la producción de los sectores agrícolas perjudicados por los desastres en 1983. De esta forma, al concluir en 1985 ese gobierno, Perú fue mostrado como ejemplo de hasta qué punto una política de ajuste liberal podía ser sinónimo de desequilibrio y empobrecimiento.
Como reacción, fue elegido un gobierno con un programa económico de orientación opuesta, "heterodoxo" de acuerdo a los criterios neoliberales que se expandían por la economía mundial. Se buscaba estimular la demanda interna para aumentar la producción y elevar los ingresos de la población, pero tratando de controlar la inflación. Los dos primeros años este modelo tuvo resultados notables: el PIB creció por encima del 8%. Pero en un cuadro externo restrictivo, el crecimiento basado en la demanda interna se demostró inviable. Pronto el desequilibrio externo trató de ser absorbido por el Estado y ello se tradujo en desequilibrios monetarios, inflación y recesión generalizada: 1988 concluyó con un retroceso del PIB del 8,4%, cifra que se agravó al 11,5% en 1989. Al final de este gobierno Perú era ejemplo en la región de cómo el intento de las economías dependientes de apoyarse en el mercado interno para responder a la crisis mundial sólo consigue recesión y por ende aumento de la pobreza.
La elección de una opción tecnocrática en 1990 pareció poder restablecer los equilibrios macroeconómicos perdidos, aunque fuera al costo de nuevos sacrificios sociales. En 1991 el PIB volvió a crecer levemente (en torno al 2%) y la economía mostró indicios de recomposición. Pero la inestabilidad política y la decisión del gobierno de recurrir al autogolpe, sumió de nuevo al país en el retroceso económico (en 1992 el PIB decreció en un 3%). Sin embargo, el mantenimiento firme de la política de apertura y el apoyo externo de Japón, Estados Unidos e Italia, consiguieron que la economía peruana mostrara evidentes signos de recuperación en 1993.
