La historia política panameña, desde su independencia de Colombia en 1903, ha estado atravesada por profundas tensiones relacionadas con la búsqueda de soberanía e identidad nacional, el control de sus recursos económicos, particularmente del Canal interoceánico, la consolidación de instituciones democráticas y de mecanismos de solución de los conflictos políticos y sociales.

El resultado ha sido un proceso accidentado, con momentos de gran polarización, que ha condicionado la participación de la ciudadanía y en particular de las mujeres, cuya incorporación al desarrollo político ha estado marcada, además, por los roles asignados en función de su sexo.

Las panameñas participaron en la formación de la República desde la gesta separatista. Sin embargo, sólo adquirieron el derecho a voto en forma parcial con la Constitución de 1941, limitándose a mujeres instruidas mayores de 21 años. La lucha por el voto fue un proceso en el que destacaron la articulación de profesionales con sus congéneres obreras, campesinas y amas de casa, la construcción del Partido Feminista (1923) y las acciones de cabildeo y presión popular ante la Asamblea Nacional. Sobresalió entonces Clara González de Berhinger, pionera y luchadora por los derechos políticos de las panameñas, primera abogada (1922), primera candidata a la Vicepresidencia de la República y Jueza del Tribunal Tutelar de Menores.La participación de las mujeres en el ámbito político se fortaleció con su incorporación a la Liga de Inquilinos y al movimiento inquilinario de 1925. La crisis económica de los años 30 generó demandas populares en las que la Liga tuvo un papel preponderante y dentro de ella, el Comité de Mujeres Inquilinarias, creado en 1932.

Recién con la Constitución de 1946 fue universalizado el derecho al sufragio para todas las panameñas, hecho que si bien elevó su participación en el desarrollo de la nación, disminuyó la efervescencia de la lucha femenina que se diluyó en gremios y partidos. La historia ha registrado la marcha de aproximadamente diez mil mujeres panameñas de diversos grupos sociales y edades hacia la sede de la Asamblea Legislativa, realizada en el marco de "La Gesta de Diciembre de 1947" en oposición al "Convenio Filós-Hines", que prorrogaba la presencia de bases norteamericanas en territorio panameño.

Las mujeres también fueron activas en el quehacer sindical y tuvieron una relevante gestión en la inclusión en el primer Código de Trabajo, de 1947, de las disposiciones para la protección de la maternidad, en especial el descanso forzoso durante la gestación. La lucha de los obreros bananeros de la United Fruit, que provocó una huelga general, contó con el apoyo masivo no sólo de trabajadores y estudiantes, sino también de amas de casa. La Alianza de Mujeres Panameñas, la Vanguardia de Mujeres Panameñas y la Comisión Femenina para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Niño lucharon por mejores condiciones de vida, protección de la infancia, la soberanía e independencia nacional.

En 1968 las instituciones políticas panameñas se desplomaron y fueron reemplazadas por intervención de la Guardia Nacional, en medio de una seria crisis del sistema de gobierno. El presidente democráticamente elegido fue derrocado y la Guardia Nacional gobernó, directa o indirectamente, hasta 1989. Se introdujeron profundas reformas en el país, en lo económico, en lo social, en lo institucional, en el agro, en la política internacional. Dicho gobierno inicialmente prohibió los partidos y las actividades políticas, persiguió y encarceló a activistas y puso fin a la autonomía universitaria. Más adelante concitó el respaldo norteamericano, de diversos sectores de la burguesía y cooptó un apoyo popular significativo mediante una política populista y al tomar la bandera de la renegociación de los Tratados del Canal, la que en cada crisis del Estado panameño ha sido utilizada para lograr apoyo y consenso popular.

Las mujeres tuvieron en esos años una amplia participación en el movimiento popular y estudiantil, se fortalecieron las áreas femeninas en el ámbito sindical y, cuando se exacerbó la lucha nacionalista, sectores de mujeres organizadas dieron su respaldo a los Tratados Torrijos-Carter junto a campesinos, estudiantes, trabajadores y demás actores articulados por el proyecto de Torrijos. Otros grupos, por su parte, reforzaron sus actividades de oposición al gobierno militar.

En 1972 y 1978 fueron elegidos representantes locales para una Asamblea Nacional de Representantes, que reemplazó a la Asamblea Nacional, los que no tenían poder de legislar. La Constitución de 1972 ponía la tarea legislativa en manos de un Consejo Nacional de Legislación. En 1980, al reaparecer los partidos políticos, entra en escena el Partido Revolucionario Democrático (PRD) creado por Torrijos. En 1978 había establecido un calendario para el retorno a la democracia, que culminaba con elecciones presidenciales en 1984, cuando se reforzaban las acciones de la oposición. Entre las organizaciones femeninas activas se destacaban la Federación de Mujeres Católicas y la Unión Patriótica Femenina. La muerte de Torrijos en 1981 -líder carismático de todo el proceso- abortó muchos proyectos, sumiendo a la Guardia Nacional en diversos conflictos internos. En 1983 se transformó en Fuerzas de Defensa y al asumir su jefatura el general Manuel A. Noriega, el gobierno se hizo más personalista, arbitrario y menos institucional. Aparecieron grupos paramilitares y recrudecieron las violaciones a los derechos humanos. Frente al fraude electoral de 1984, las mujeres de la Unión Nacional Independiente de Acción Democrática (UNIDAD) organizaron la primera protesta cívica en la capital (mayo de 1984).

En septiembre dirigieron una caravana contra la corrupción y por el rescate de los valores morales. Al profundizarse la crisis política inaugurada con la acusación de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1984 y de participación de las Fuerzas de Defensa en la muerte de Torrijos y del opositor Hugo Spadafora, se hicieron más frecuentes y brutales el control de los medios de comunicación, la persecución de opositores, los arrestos y represión de manifestaciones, el abuso de instrumentos legales y la desprotección de las víctimas de la represión. Paralelamente, Noriega instaló y destituyó a tres civiles en la Presidencia de la República. En 1987 las mujeres volvieron a jugar un papel central en las acciones opositoras, distribuyendo literatura clandestina y organizando una gran marcha de más de 15.000 mujeres vestidas de blanco. La Cruzada Civilista organizó numerosas acciones de protesta pacífica con gran aporte de las mujeres. La crisis culminó con la presión de Estados Unidos por la entrega del general Noriega a la justicia por su participación en el narcotráfico y en el contrabando de armas y, finalmente, con la invasión norteamericana a Panamá, en diciembre de 1989.

Dicha invasión ha tenido un gran impacto en la ciudadanía, generando una fuerte desmovilización, también entre las mujeres. El Comité de Familiares de las Víctimas de la Invasión a Panamá, presidido por una mujer, busca a sus muertos y pide derecho a enterrarlos, repitiendo el escenario de otras naciones latinoamericanas.

El país se encamina lentamente a una normalización con la plena vigencia de diversas leyes que auguran un proceso de profundización democrática no exento de tensiones y conflictos.