La historia escrita presenta muchas lagunas en cuanto a la acción social de las mujeres en Nicaragua. Las reseñas fragmentarias indican que, como en muchos países de la región, las acciones colectivas de las mujeres han tenido momentos importantes en la historia de la República, pero que una acción continuada y estable en reivindicación de sus derechos es un fenómeno bastante reciente, a pesar de los avances apreciables acaecidos en este campo desde la conclusión de los años setenta.

A mediados de siglo las acciones colectivas de mujeres toman mayor impulso con el incremento de la lucha contra la dictadura somocista. La primera agrupación de mujeres en los años sesenta, la Alianza Patriótica de Mujeres Nicaragüenses, fue promovida por sectores de oposición con el fin de movilizar a las mujeres en torno a la lucha contra el somocismo.

Si bien se tiene conocimiento que durante la década siguiente las mujeres participaron activamente en organizaciones barriales, estudiantiles y sindicales, de formas muy variadas, que las llevaron hasta la participación en la lucha armada, no es sino hasta 1977 que se registra la acción de la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional, AMPRONAC, liderada por mujeres de la clase media y alta.

Sus reivindicaciones fundamentales fueron la obtención de la participación de las mujeres en la resolución de los problemas del país, la defensa de los derechos de las mujeres en todos los terrenos y la defensa de los derechos humanos. Se estima que en 1978 sus afiliadas llegaron a unas ocho o diez mil mujeres. Con una gran capacidad de convocatoria, esta organización estuvo a la base de múltiples movilizaciones, que respondían a la escalada represiva de la dictadura.

En 1979, con el triunfo de la Revolución Sandinista, AMPRONAC cambia su nombre por el de Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza, AMNLAE, en honor a una militante sandinista caída en combate. Sus actividades tomaron una nueva dinámica, integrándose a las campañas de carácter social y económico que el gobierno impulsó, creando centros de información y de reunión para las mujeres y emprendiendo la lucha por las mejoras de las leyes vigentes, como participante del Poder Legislativo.

También en la década de los ochenta se crearon secretarías de la mujer en las uniones y centrales sindicales más importantes, tales como las de los maestros, trabajadores de la salud, trabajadores del campo, empleados y obreros de la ciudad, profesionales y productores.

El drástico cambio del rumbo político del país, sucedido con la victoria electoral de la oposición al sandinismo en 1990, introduce alteraciones considerables en el movimiento de mujeres y en la acción estatal de promoción de la mujer.

Cuando concluyen los primeros cuatro años de los noventa, el movimiento de mujeres de Nicaragua está formado por diferentes grupos, organizaciones y colectivos de todas las tendencias políticas, que representan a mujeres pobladoras, jóvenes, trabajadoras del campo y de la ciudad, profesionales e independientes, desmovilizadas del Ejército y de la Resistencia, de la Costa Atlántica, discapacitadas, etc.

Aunque muchas iniciativas han fracasado, existen actualmente algunas redes de organizaciones de mujeres que han llegado a consolidarse, como la Red de Mujeres por la Salud, la Red de Mujeres contra la Violencia, el Comité de Mujeres Sindicales y la Red de Cooperación Técnica para la mujer rural.

El Estado nicaragüense, tras las tímidas iniciativas de los años setenta, se transforma en la década siguiente en un actor importante de promoción de la mujer. Ante todo, con la promulgación del Estatuto Fundamental de la Nación, base de la nueva Constitución, que recoge los preceptos básicos contenidos en los instrumentos internacionales, que protege los derechos fundamentales de la persona y la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Además, con la ratificación de los otros instrumentos adoptados por la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, el más importante es la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.

Sobre la base de estos compromisos nacionales e internacionales, y a pesar de que sólo parcialmente se ponen en práctica, se desarrolla la institucionalización de la acción pública en favor de la mujer. Así, la pequeña oficina constituida en 1978 al interior del Ministerio del Trabajo, se transforma bajo el gobierno sandinista en el Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, ente oficial, encargado de coordinar los programas, medidas y acciones dirigidos a las mujeres.

En 1993 el INIM pasa a formar parte del Gabinete Social, fortalecido por una nueva ley orgánica. Desde entonces cuenta con un Consejo Consultivo, conformado por su directora ejecutiva y representantes de todos los poderes del Estado, partidos políticos y organismos no gubernamentales que trabajan por y para las mujeres.

El fortalecimiento reciente del INIM y los cambios sucedidos en los organismos no gubernamentales desde 1990, establecen un escenario distinto del existente en los años ochenta. Las incertidumbres y posibilidades de esta nueva situación se relacionan con los avances en la conciencia de género que puede apreciarse en la población femenina nicaragüense, pero también están determinadas por las graves dificultades económicas y políticas que siguen manteniéndose en el país.