Colombia ha pretendido ser un ejemplo de democracia en la región por las escasas interrupciones militares. Sin embargo, lo desmienten el recurso sistemático a la represión y la tardía participación de las mujeres en la actividad política, siempre dependiente de las decisiones de los hombres. Recién en 1954 obtuvieron el derecho a elegir y a ser elegidas, ejerciéndolo por primera vez en el plebiscito de 1957.

No obstante, numerosas mujeres participaron a comienzos del siglo XIX en la formación del ideario independentista, como Manuela Sanz de Santa María con su círculo literario "El Buen Gusto". Asimismo sobresalió durante las guerras de la independencia, Policarpa Salvatierra, audaz espía de las fuerzas patriotas; fue ejecutada en 1817 en la plaza principal de Bogotá, transformándose en un símbolo de patriotismo y resistencia. Muchas sufrieron exilio, ejecuciones, cárcel, prohibiciones y trabajos forzados. Esta participación en los procesos políticos de la época, con todo, no se tradujo en cambios importantes en su rol o posición en la sociedad. Se mantuvieron las actitudes tradicionales relativas al lugar subordinado de las mujeres con una fuerte influencia de la Iglesia Católica.

Es así que, cuando en 1932 se concretó el reconocimiento de los derechos patrimoniales de la mujer casada mediante la lucha pionera de un grupo de mujeres, se produjo una conmoción porque los sectores conservadores temían "el desquiciamiento de la familia y del propio Estado". En 1933 lograron el ingreso a la universidad, aunque en 1936 la Universidad de Nariño fue excomulgada por aceptar mujeres en sus aulas. El debate parlamentario sobre su ciudadanía duró desde 1933 hasta 1954, y en los años cuarenta se argumentaba que despertaría la ambición femenina y la sacaría de la casa, rompiendo "la paz del hogar y abriendo puertas que naturalmente serán fuente de disgustos". Las mujeres estuvieron sometidas a la potestad marital y obligadas a llevar el apellido del cónyuge hasta 1974.

En el proceso político colombiano, entre 1957 y 1974 gobernó el Frente Nacional, resultado de un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador para poner fin a la virtual guerra civil que se arrastraba desde 1948, dejando más de 200.000 muertos. A contar del plebiscito de 1957, tras el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla, gobernaron alternadamente cada cuatro años y compartieron paritariamente los cargos de representación y de la Administración Pública. Este acuerdo implicó la reducción del espacio político sólo a esos partidos y la instalación de gobiernos cargados de compromisos que no dieron mayor cabida a la participación femenina. A ello se sumó una profunda apatía política expresada en elevados niveles de abstención -siempre superior al 50% de los electores potenciales- y la creación de un número creciente de grupos político-militares que, desde los años 60, afectan duramente la vida nacional.

Sólo desde 1974 las elecciones son competitivas y en varias oportunidades se han presentado candidatas a la Presidencia de la República. Sin embargo, el bipartidismo histórico ha seguido vigente, modificándose sólo en las elecciones de 1991, tras la aprobación de la nueva Constitución Política.

La violencia política, cuyas raíces se encuentran en las luchas de la década del cincuenta, se volvió herramienta tradicional de las confrontaciones políticas. Hacia mediados de los años sesenta se estimaba que la guerrilla tenía cerca de 15.000 combatientes en armas. Como contrapartida ha estado la militarización de la sociedad bajo el imperio de las doctrinas de Seguridad Interior del Estado y de Conflicto de Baja Intensidad. Los asesinatos, las violaciones a los derechos humanos y los escuadrones de la muerte han sido parte del paisaje cotidiano.

Durante más de cien años Colombia estuvo regida por la Constitución de 1886, que institucionalizó una democracia centralista autoritaria y restrictiva, en la que el estado de sitio fue un recurso habitual de gobierno: entre 1886 y 1991, el país estuvo bajo ese régimen de excepción -por diversos lapsos de tiempo- durante un total de más de 50 años. De este modo el Ejecutivo concentraba un enorme poder y, hasta 1987, disponía la detención y juzgamiento de civiles por tribunales militares. En 1984 organizaciones de mujeres participaron activamente en la convocatoria "Al Diálogo Nacional y la Apertura Democrática", que llevó a un acuerdo gubernamental con grupos guerrilleros y a la incorporación de algunos de ellos a la vida política.

El asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, realizado por el grupo M-19 en noviembre de 1985, en protesta por la violación de los acuerdos por parte de los militares, fue aplastado militarmente y tuvo como resultado más de cien muertos, incluidos doce ministros de la Corte Suprema. Se desató entonces el mayor debate en torno a las formas de pacificación del país. Grupos feministas organizaron una Tribuna por la Vida y entregaron un documento con propuestas de salida civil. Sin embargo, al finalizar 1986, los asesinatos y desaparecidos superaban los 1.200 casos. En 1987 hubo once mil muertes violentas; más del 10% correspondió a dirigentes políticos, sindicales o populares. Se contabilizaba entonces 140 grupos paramilitares.

Se une a esta realidad político-militar el narcotráfico que, instalado en una sociedad de grandes privilegios y desigualdades económicas y sociales, ha arraigado en sectores pobres y se ha articulado, en más de una oportunidad, con la guerrilla.

A contar de 1989 se iniciaron en Colombia importantes procesos políticos y sociales con nuevos diálogos para la construcción de la paz, la desmovilización de un sector importante de la guerrilla y la entrega a la justicia de los principales narcotraficantes. El respeto a la vida ha cobrado particular vigencia y la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos -creada en 1987- ha contado con pleno respaldo en su acción. Nuevamente grupos de mujeres han colaborado participando en las mesas de trabajo "Por la Paz y la Reconciliación Nacional".

En 1991 los colombianos eligieron para la Asamblea Nacional Constituyente indígenas, profesionales, ex-guerrilleros, líderes sindicales, maestros, mujeres, rompiendo con la tradición elitista y transformando el mapa electoral. El proceso de la nueva Constitución representa un fuerte impulso democratizador que pretende resolver los problemas de fondo que aquejan a la sociedad colombiana.

Durante su labor, la presión de organizaciones de mujeres de todo el país fue un aspecto determinante para alcanzar la consagración de la igualdad jurídica en la nueva Carta Fundamental, que señala que "La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación." (Art. Nº 43). También expresa que "Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de la Administración Pública" (Art. Nº 40).

En la actualidad está en marcha la transición hacia una nueva institucionalidad democrática con la elaboración de leyes orgánicas, la descentralización y autonomía de las entidades territoriales y el impulso a la democracia participativa y pluralista.