La historia de la medicina social se remonta en Chile a fines del siglo pasado. Su origen se encuentra en las concepciones salubristas imperantes en aquella época, en las presiones sociales y en el progresivo convencimiento que la salud de la población es una responsabilidad fundamental del Estado. Fruto de lo anterior fue una creciente participación estatal en la provisión de recursos y atenciones de salud, estrechamente relacionado con un sistema de redistribución solidaria de los fondos destinados para ello.
El sistema de salud resultante se tradujo en condiciones sanitarias relativamente buenas, con adecuados controles epidemiológicos, capacidad operativa y amplia cobertura de atención.
Para el quinquenio 1990-1995 la esperanza de vida al nacer se calcula en 75,6 años para las mujeres y 68,5 para los hombres. La mortalidad de los menores ha descendido ininterrumpidamente desde los años cincuenta, concentrándose las muertes en los adultos. Este proceso sitúa a Chile en lugares avanzados de transición epidemiológica, asociada a los cambios en la previsión y atención en salud, con un peso relativamente bajo de las muertes por enfermedades de naturaleza infectocontagiosa y mayor de aquéllas crónicas -aparato circulatorio y tumores- vinculadas a la tercera edad.
El gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1973, impuso reformas cruciales en el sector salud, quebrando la tendencia histórica. La inversión pública en infraestructura y equipos cae fuertemente, se reducen los gastos de personal y los insumos se vuelven escasos. Los ajustes para enfrentar las crisis económicas de 1975 y 1982 recayeron de manera importante y dramática sobre este sector y se prolongaron prácticamente hasta fines de la década de los 80. La reducción de los beneficios otorgados por el sistema público, especialmente a los sectores medios, fue acompañada de un aumento significativo de la carga financiera sobre los usuarios.
La reestructuración del sistema se completó en 1987, con el traspaso de la administración de los establecimientos de nivel primario a la municipalidades, proceso iniciado en 1981. Al finalizar el gobierno militar, dicho sistema presentaba profundos problemas estructurales, de funcionamiento y de desigualdades.
En el sistema de salud chileno participan entidades públicas y privadas. En la actualidad el sector público cubre al 68,8% de la población, la Caja de Previsión de las Fuerzas Armadas al 2,5% y el sector privado al 27,2%, estimándose en un 1,5% la población no afiliada a ningún sistema.
Cabe señalar, sin embargo, que el sistema de atención y los indicadores e información oficiales se basan en un concepto de salud biologicista y androcentrista, que no considera los factores sociales y psicosociales como riesgo de enfermedad ni se preocupa de las relaciones entre salud y cultura o sociedad. Tampoco toma en cuenta la variable sexo en diversos registros y estadísticas: la información disponible se concentra en aquello que los hombres consideran relevante. En el caso de la salud de la mujer, se privilegia la dimensión reproductora y se descuida la salud mental y laboral.
Las definiciones sociales del "ser mujer" y "ser hombre" afectan la salud de la población a través de mecanismos que operan en los ámbitos personal, doméstico y público, produciendo riesgos específicos y grados diferenciales de acceso a recursos de atención sanitaria según sexo, lo que intenta subrayar la información que se entrega en este capítulo.
Paralelamente existen otras prácticas terapéuticas que sobresalen por su cobertura y arraigo cultural, particularmente la medicina popular y las medicinas aborígenes (mapuche y aymara, básicamente) que utilizan conocimientos sobre la herbolaria nativa. La medicina popular, surgida del contacto hispano-indígena, emplea plantas medicinales y constituye un recurso complementario para el tratamiento de numerosas enfermedades y sintomatologías. En ella, la mujer juega un rol básico. Si bien estas prácticas son conocidas y frecuentes en los sectores medios y populares de la población urbana y rural, no existen cifras que cuantifiquen su cobertura a nivel nacional.
