La situación socioeconómica chilena experimentó en los últimos quince años una de las transformaciones más profundas de América Latina. En el ámbito macroeconómico, desde mediados de los años setenta se produjo una apertura de la economía al exterior que cambió aspectos fundamentales de su crecimiento. Hacia el interior, esa apertura supuso la liberalización de precios y la competencia con productores externos, lo que significó al inicio la crisis de amplios sectores productivos nacionales, para luego provocar la selección de los de mayor capacidad competitiva. Hacia el exterior, tuvo lugar una recomposición del comercio internacional, en la búsqueda de nuevos espacios para las exportaciones chilenas.

Esta mayor apertura a los flujos económicos internacionales, tuvo como consecuencia que la economía nacional acentuara su sensibilidad respecto de las crisis mundiales que afectaron a la región, en 1975-1976 y 1982-1983, que produjeron en Chile los retrocesos en el PIB más altos de América Latina; pero también que, mediante una política de ajuste, mostrara una mayor capacidad de adaptación y recuperación de los equilibrios globales que otras economías de la región.

Ciertamente, estos cambios económicos sucedieron en un cuadro sociopolítico especial: el producido por la instauración de un régimen militar, nacido del golpe de Estado de 1973, que impidió de hecho la expresión de las demandas sociales. Estas condiciones permitieron una política de ruptura del modelo anterior, según el cual el desarrollo se producía a partir de la integración social en el crecimiento protegido del mercado interno.

El nuevo modelo, de economía abierta y ajuste estructural sin contrapesos sociales, se consolidó durante la década de los años ochenta. La profundidad de la crisis 1982-1983, permitió al gobierno emplear más el Estado como mecanismo regulador, sin dejar de impulsar la privatización de la economía. De esta forma, conforme conseguía controlar el curso financiero interior y el pago de la deuda externa, recortando el gasto público y los costes de producción, a mediados de la década se creaba un clima atractivo para las inversiones y el crecimiento productivo, que permitió una apreciable recuperación económica, aunque sin volver a alcanzar los niveles de los años sesenta.

Ahora bien, esa recuperación del crecimiento no se tradujo en aumentos paralelos del desarrollo social. A fines de los años ochenta, en torno a la mitad de los hogares chilenos se encontraban sumidos en la pobreza. Así, el balance social de este proceso de transformación económica indica que, lejos de realizarse con equidad, produjo la concentración del ingreso y el aumento de la pobreza.

El Gobierno constitucional que asumió el poder en 1990 ha decidido mantener los principales elementos del modelo productivo, especialmente en cuanto a la economía abierta que busca espacios en el mercado mundial, sin conectarla con el desarrollo social en el plano macroeconómico. Su mayor preocupación por la equidad se traduce en un cuidadoso aumento del gasto social, a través de incrementos en la cooperación externa y reformas tributarias moderadas. Pero es necesario destacar que ello tiene lugar en un contexto donde pueden expresarse libremente las demandas sociales.